En primer lugar, es fundamental comprender que los datos sobre criminalidad deben interpretarse en su contexto. Si se observan simplemente los números absolutos, sin tener en cuenta el tamaño de la población inmigrante, su distribución geográfica, su situación socioeconómica, su edad o género, se corre el riesgo de extraer conclusiones sesgadas. Por ejemplo, muchos delitos son más frecuentes entre personas jóvenes, y si un grupo poblacional (como los inmigrantes) está compuesto en mayor proporción por jóvenes, es esperable que ciertas estadísticas reflejen una mayor participación en ciertos tipos de delitos. Sin embargo, cuando se normalizan estas variables, los datos muestran que los inmigrantes cometen delitos en proporciones iguales o incluso menores que la población autóctona.
Además, se debe tener en cuenta que el fenómeno migratorio en sí mismo está vinculado al deseo de mejorar la calidad de vida, acceder a oportunidades laborales y contribuir al bienestar familiar. La gran mayoría de inmigrantes en España, como bien mencionas, trabaja, paga impuestos, consume bienes y servicios, y contribuye de forma activa al crecimiento económico y demográfico del país. Muchos de ellos desempeñan trabajos esenciales que, en ocasiones, los nacionales rechazan, como en el sector agrícola, el cuidado de personas mayores, la limpieza, la construcción, entre otros.
Es también crucial subrayar el papel de los medios de comunicación en la construcción de narrativas. En muchas ocasiones, cuando un delito es cometido por una persona extranjera, los titulares destacan su nacionalidad o estatus migratorio, algo que no ocurre con la misma frecuencia cuando el autor es español. Esta diferencia en el tratamiento informativo alimenta estereotipos negativos y contribuye a una percepción social distorsionada que asocia inmigración con delincuencia. Esta práctica, lejos de informar objetivamente, responde a veces a agendas políticas o intereses económicos que se benefician de la división social.
Respecto a los delitos más graves o de mayor impacto social —como la corrupción, el fraude fiscal, la trata de personas a gran escala o el blanqueo de capitales—, estos suelen estar ligados a redes complejas en las que participan individuos con altos niveles de poder económico, político o institucional. Muchos de estos crímenes se perpetúan dentro del sistema, y a menudo sus autores gozan de impunidad o de una cobertura mediática mucho más benigna. Irónicamente, son estos delitos los que drenan verdaderamente los recursos del Estado, socavan la confianza en las instituciones y profundizan las desigualdades sociales.
Por tanto, es necesario fomentar una visión más justa, humana y basada en evidencia sobre la inmigración. En lugar de criminalizar a quienes buscan una vida mejor, se debería enfocar el debate en las verdaderas causas estructurales de la inseguridad, entre ellas la desigualdad, la exclusión social, la falta de oportunidades y la corrupción institucional. La convivencia pacífica y la cohesión social no se logran a través del miedo ni del señalamiento del “otro”, sino mediante la empatía, la educación y el compromiso con la verdad.